Titulo Noticias
2017.12.05
El PRI impondrá este martes una Ley que cede a militares el rol de las policías; llaman a detenerlo
La minuta será discutida por el Senado de la República en medio de peticiones de desechar la propuesta/ Sin embargo
El PRI impondrá este martes una Ley que cede a militares el rol de las policías; llaman a detenerlo
Autor: Sin Embargo
ONU y CIDH llaman a frenar Ley de Seguridad; grupos civiles: usarán militares para protestas de 2018

JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ

SIN EMBARGO

 

 

 

 

 

 

Organizaciones civiles y partidos de oposición sostuvieron que la Ley de Seguridad Interior fue aprobada con fallas inconstitucionales, que afectan los derechos humanos de los mexicanos.

La minuta será mañana discutida por el Senado de la República en medio de peticiones de desechar la propuesta que incluyen las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Jan Jarab, así como de decenas de organizaciones civiles mexicanos y del extranjero.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y diputados de oposición acusaron que la Ley de Seguridad Interior contiene fallas constitucionales que contravienen a los derechos humanos, por lo que pidieron no aprobarla.

El pasado jueves la Cámara de Diputados aprobó con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones la Ley de Seguridad Interior, y los último llamados a no aprobar la minuta se dan a tan sólo horas de que el Senado de la República la discuta y eventualmente la apruebe.

El Diputado Víctor Sánchez Orozco expuso que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aplicó la “aplanadora”, sin discutir a fondo la iniciativa, presentada por el jefe de la bancada del PRI César Camacho Quiroz en noviembre del año pasado.

“El PRI se aferró a sacar una ley que de origen es inconstitucional, porque el artículo 73 de la Constitución no da facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior”, señaló Orozco, quien fue coordinador de delegados regionales en la Procuraduría General de Jalisco.

El jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó la Ley de seguridad Interior. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro

En entrevista, el General Francisco Gallardo Rodríguez explicó que la minuta que está por aprobarse “no obstante que es de carácter ilegal, es inconstitucional porque contraviene los artículos 129 que tiene que ver con la civilidad del Estado, y que dice que en tiempos de paz, el Ejército no podrá realizar funciones”.

Sin embargo, la lista de inconstitucionalidades es más amplia. La organización Mexicanos Unidos enlistó entre otros artículos que se violentaron el número 21, que asigna las tareas de seguridad pública a las policías del país; y el 29, que dispone en qué casos se pueden suspender las garantías individuales.

“Creo que de origen es inconstitucional y en consecuencia, si en el Poder Legislativo alcanzamos el 33 por ciento de los diputados podemos ir a una controversia constitucional. Creo que la Suprema Corte de Justicia va echar para atrás esa ley”, sostuvo el Diputado Orozco.

La Organización de Naciones Unidas también manifestó su preocupación por esta ley y advirtió de posibles violaciones a la Constitución Política de México, así como inconvencionalidad “a los criterios que han planteado tanto organismos de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de derechos humanos”.

En una misiva enviada al Senado de la República, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso que una reforma así “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.

Y criticó que “la ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como ‘seguridad interior’, ‘acciones de seguridad interior’, ‘amenazas a la seguridad interior’, ‘riesgo a la seguridad interior’, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el concepto de “actos de resistencia” carecen por completo de definición a pesar de su relevancia.

 

La ONU y la CIDH se pronunciaorn sus preocupaciones respecto a la Ley de Seguridad Interior. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó en un comunicado su preocupación debido a que normalizaría la actividad de las Fuerzas Armadas en las calles. “En México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”.

En su visita a México en 2015, la Comisión recordó haber constatado que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad aumentó los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.

En el sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas, de acuerdo con datos recolectados por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. En tanto que en 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron más de 10 mil 751 quejas.

La CIDH reiteró la recomendación hecha antes en el informe sobre los derechos humanos del país de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas, “las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente. Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado. En este sentido, es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.

 

 

 

Fuente: http://www.sinembargo.mx/05-12-2017/3359266

 
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