Titulo Noticias
2018.07.18
¿Es posible cambiar México? Los colosales desafíos que esperan al nuevo Gobierno
La elección de AMLO ha generado esperanza, pero lo que tiene por delante el presidente electo es una tarea formidable y tal vez imposible/ EC
¿Es posible cambiar México? Los colosales desafíos que esperan al nuevo Gobierno
Autor: Reuters/ El Confidencial
Un granjero agita una bandera mexicana durante una protesta contra la subida de la gasolina en el Puente de las Américas entre C

ELOISA FARRERA

EL CONFIDENCIAL

 

 

 

 

 

 

 

El resultado sorprendió a todos. La noche del 1 de julio será, para muchos, el parteaguas de una nueva era en México, encarnada en la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador (o AMLO, como se le conoce en el país). En las calles del Zócalo se cantó el “cielito lindo”, se gritó una y otra vez “es un honor estar con Obrador” y el famoso “¡México, sin PRI! ¡México, sin PRI!”, en referencia al Partido Revolucionario Institucional que ha gobernado el país casi sin interrupción desde su fundación. Las banderas tricolores fueron ondeadas como si fuera 15 de septiembre, el Día de la Independencia. El 1 de julio fue, merecidamente, una noche de fiesta nacional, sobre todo para quienes han luchado durante décadas por una verdadera alternancia, una que mira más hacia la izquierda y la justicia social.

El reto, sin embargo, es difícil. El inicio de esta nueva fase supone un gran avance para los partidarios de la democracia, pero no quiere decir que México ya sea una democracia ejemplar. Cumplir las promesas e implementar los “cambios profundos” será la tarea más titánica en los 45 años de carrera política de López Obrador, que asumirá la Presidencia el próximo 1 de diciembre. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que tendrá que hacer frente?

La corrupción

Es un hecho que la corrupción perpetrada por funcionarios públicos y gente del Estado es uno de los mayores lastres del país. Sobre todo, por el nivel de impunidad y la falta de castigos que lo acompañan. Los gobiernos priistas de 1929 al año 2000 siempre fueron tildados de “ratas” por la “robadera”, por manejar el dinero público con total opacidad, por realizar obras públicas faraónicas sin licitaciones, por construir “elefantes blancos” que quedaron en el olvido y sin uso, por enriquecer a un puñado de familias “bien acomodadas e influyentes” y por engrosar ilegalmente las arcas de su partido. Esos tiempos no han cambiado mucho, sólo se han transformado las formas de cómo mover el dinero público y encubrir las corruptelas. Lo que sí cambió, a costa de censura, amenazas y gracias a una lucha civil constante, fue la denuncia.

El regreso del PRI al poder, tras 12 años de gobiernos del Partido de Acción Nacional (el PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón), estuvo marcado por escandalosos casos de corrupción expuestos en destacadas investigaciones periodísticas. Primero fue la “Casa Blanca”, una mansión que habría sido comprada de forma irregular por la Primera Dama, Angélica Rivera, a Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista del Gobierno cercano al presidente Enrique Peña Nieto. Después se supo que el Secretario de Finanzas y hoy Canciller, Luis Videgaray, también le “compró” una casa al dueño de Grupo Higa.

 
El presidente saliente Enrique Pena Nieto (izquierda) estrecha la mano a Andrés Manuel López Obrador (derecha) en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el 3 de julio de 2018. (Reuters)
El presidente saliente Enrique Pena Nieto (izquierda) estrecha la mano a Andrés Manuel López Obrador (derecha) en el Palacio Nacional en Ciudad de México, el 3 de julio de 2018. (Reuters)

Luego se reveló que al menos una tercera parte de la tesis de Peña Nieto había sido plagiada, que los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, entre otros, habían saqueado sus estados(en total, 8 gobernadores fueron detenidos y 2 están prófugos) y que al menos 11 dependencias del Gobierno federal habrían desviado fondos públicos por un valor de 170 millones de dólares a través de 186 empresas, la gran mayoría fantasmas, por medio de contratos irregulares. La conocida como “Estafa Maestra” involucra a Secretarios de Estado y gobernadores que siguen en sus cargos. Y no se diga del caso Odebrecht, que en varios países de América Latina ya tiró a Ministros y hasta presidentes, pero en México no han investigado a nadie pese a las evidencias claras. “México es el país donde no pasa nada”, suelen decir aquí.

Ese es el tamaño de la corrupción, y del reto de erradicarla. ¿Qué hará López Obrador? El Presidente electo ya empieza a ser más claro sobre las acciones y, de entrada, propone un plan de austeridad radical. Primero, desmantelar los “privilegios” del Gobierno y del Congreso recortando hasta en un 50% los sueldos de la alta burocracia -incluyendo el suyo como Ejecutivo- y suprimiendo bonos y compensaciones. Segundo, eliminar subsecretarías y delegaciones federales en los estados. Tercero, reducir los ingresos y las dietas a diputados y senadores; les quitará comisiones, viajes al extranjero y sus seguros privados de gastos médicos mayores (tendrán derecho, como cualquier trabajador, a los hospitales públicos). Tampoco habrá partidas para ceremonias ni vestimentas para el Mandatario o su familia.

 

 

Muchos defienden que los sueldos altos son, precisamente, para evitar la corrupción. Pero, como se ha visto, no es una garantía, y lo que ahora le urge al Gobierno es limpiar su imagen y su estructura para avanzar en otros temas de la agenda.

“La corrupción no es un fenómeno cultural sino el resultado de un régimen político en decadencia”, dijo AMLO en su primer discurso como presidente electo, la noche del 1 de julio, en el que también advirtió sobre futuros castigos para compañeros de lucha, familiares o amigos que caigan en malas prácticas.

México suele ocupar, cada año, uno de los peores lugares en el Índice global de corrupción de Transparencia Internacional. Actualmente, está en el lugar 135 de 180; el último es Somalia.

 

Personal militar vigila el perímetro de una cárcel de Ciudad Juárez antes de la llegada del narco Dámaso López, el 3 de mayo de 2017. (Reuters)
Personal militar vigila el perímetro de una cárcel de Ciudad Juárez antes de la llegada del narco Dámaso López, el 3 de mayo de 2017. (Reuters)

 

Narcoguerra e inseguridad

México vive en guerra desde 2006, año en el que el ex Presidente Felipe Calderón decidió sacar al ejército de los cuarteles para combatir el narcotráfico. Una estrategia fallida y sin objetivos claros que solo ha dejado un saldo de sangre y violencia sin precedentes: 235.000 muertos y entre 30.000 y 50.000 desaparecidos en 12 años, según datos oficiales. El Gobierno priista de Peña Nieto nunca cambió la estrategia, se anotó como un logro la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero en realidad solo registró más muertes durante su sexenio y el surgimiento de nuevos capos y bandas del crimen organizado.

Durante estos 12 años, México se ha tenido que acostumbrar a noticias que no solo son malas, sino de terror: hombres descabezados, fosas comunes con decenas de cuerpos sin identificar, estudiantes desaparecidos, personas disueltas en ácido o desmembradas, sujetos colgados en puentes de carreteras con “narcomensajes”, periodistas asesinados, secuestros y ejecuciones extrajudiciales. En 2016, México fue declarado el segundo país más letal del mundo, por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Gran Bretaña. El primer lugar lo ocupaba Siria.

 

 

¿Qué hacer para frenar el derramamiento de sangre? López Obrador propone regresar al Ejército a sus cuarteles y una ley de amnistía para pacificar el país. Durante la campaña electoral fue ampliamente criticado por querer indultar a delincuentes; sin embargo, en su propuesta sostiene que esto no es para los capos o líderes del narco sino para las familias campesinas y otras que se han visto en la necesidad de cultivar drogas, traficarlas o venderlas para salir adelante. Para ello, promete consultar a los familiares de víctimas de delitoscomo desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, trata de personas, feminicidios, entre otros, a través de plataformas digitales. Un desafío que encontrará recovecos y vacíos judiciales, así como un sinfín de críticas, pero que, al menos, podría ser un intento para pacificar el país.

A todo esto, además, se le suman la inseguridad y la violencia cotidiana ante la evidente pobreza y degradación social. Los robos a mano armada a transeúntes, los robos de vehículos o en viviendas (en zonas de clase media y media baja) son muy comunes en varias zonas de la Ciudad de México y algunos estados de la República. Subirse al Metro de la ciudad, por ejemplo, requiere de un cuidado especial de tus pertenencias, pues en cualquier descuido tu celular o tu cartera pueden desaparecer de tu bolso. Para ello, López Obrador promete una serie de apoyos económicos para los desempleados y los miles de jóvenes que no encuentran trabajo o se les cierran las puertas de la educación ante la falta de espacios en las universidades públicas.

 

Una mujer pide limosna en la Avenida Reforma de Ciudad de México, en diciembre de 2014. (Reuters)
Una mujer pide limosna en la Avenida Reforma de Ciudad de México, en diciembre de 2014. (Reuters)

 

La pobreza y la desigualdad

Para López Obrador, la raíz de los grandes males del país, como la corrupción, el narco y la violencia, es la de la pobreza y la desigualdad. Las oportunidades en un México marcadamente clasista y racista no son iguales para todos, mucho menos para los sectores más marginados y vulnerables del país, como las clases bajas y los indígenas. “Por el bien de todos, primero los pobres”, dijo el presidente electo la noche del 1 de julio. Un mensaje claro y contundente sobre cuáles serán las prioridades de su Gobierno y el trazo de las políticas públicas que implementará. Un buen augurio para los 53.4 millones de mexicanos -44% de la población- que vive bajo el umbral de la pobreza y para quienes perciben un sueldo de apenas 88 pesos (4 euros) al día para mantenerse no solo a sí mismos sino a sus familias.

El gran reto aquí, sin embargo, será que la riqueza del país fluya a corto o mediano plazo. Que se cumpla y se haga con programas o políticas de Estado realmente efectivas, no de forma clientelista y popular, como casi siempre se ha hecho. El Gobierno federal ya cuenta con iniciativas de asistencia social a los pobres, como Oportunidades, el cual busca paliar las deficiencias de familias en zonas rurales y urbanas en materia de educación, salud y alimentación. Pero el objetivo es no solo ampliar los fondos para estos programas, sino revisar su eficiencia y generar la infraestructura necesaria para romper de forma real con el círculo de la pobreza.

 

 

Para ello, disminuir la enorme brecha de la desigualdad también será un desafío. En México, el 28% de la riqueza del país es acaparada por apenas el 1% de la población, según Oxfam. Una tendencia global, sí, pero que en este país tiende a ser más aguda.

Basta con vivir en la Ciudad de México para identificar esas diferencias observando barrios realmente lujosos, como Santa Fe, al lado de colonias populares extremadamente marginadas y pobres. Zonas divididas por un muro invisible, pero muy claro, de dinero. El tipo de gente que habita en cada uno de estos barrios es abruptamente contrastante: en uno, la gran mayoría es blanca, en el otro, morena; en uno visten ropa, calzan zapatos y consumen productos de marca, y en el otro el mercado está dominado por “lo hecho en China” y la “piratería”; en uno solo estudian en universidades privadas y en el otro no alcanzan a terminar ni la prepa; en uno son los jefes y dueños de las casas, con vacaciones a Europa cada verano, y en el otro son los empleados domésticos, el chofer, la cocinera o el jardinero, quienes nunca serán dueños de sus casas y necesitan 2 horas para llegar a su trabajo, quienes carecen de buenos servicios médicos y, si acaso, alguna vez en sus vidas han visitado una playa de su país. En conclusión: dos Méxicos muy distintos.

 

Fachada de un tribunal de la Ciudad de Méxido durante el juicio contra Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, en julio de 2017. (Reuters)
Fachada de un tribunal de la Ciudad de Méxido durante el juicio contra Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, en julio de 2017. (Reuters)

 

Una justicia efectiva

Si un poder ha sido corrompido hasta la médula en México es el Judicial. La impunidad en este país es el pan de cada día; hasta el 98% de los casos no se resuelven, según la ONU. Las instituciones judiciales se manejan aquí como una suerte de gran simulación. Significativos, pero pocos y muy lentos, han sido los avances para la consolidación de un Estado de derecho en el que las leyes sean respetadas. Para variar, los sectores más marginados y vulnerables de la sociedad son los más lastimados.

El respeto a los derechos más básicos todavía no permea a nivel nacional, un problema que se agudizó con la violencia y la guerra contra el narco. Delitos como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y el abuso de la fuerza llegaron a niveles tan bajos que se llegó a decir que México era un Estado fallido. Y, en ciertas zonas del país, lo ha llegado a ser hasta el punto de que el Estado ha sido suplantado por el crimen organizado. Instituciones como las policías locales o las presidencias municipales ya no le responden al Estadosino a los cárteles de la droga que se han instaurado ahí, que gobiernan, cobran cuotas, definen las reglas, dan empleo y hasta construyen infraestructura.

Ante los altos niveles de violencia e impunidad, una de las exigencias de los últimos años por parte de la sociedad civil y empresarios fue la creación de una Fiscalía independiente que supla a la Procuraduría General de la República (PGR), plagada de vicios y conflictos de interés. Para ello se requiere la reforma al artículo 102 de la Constitución, que ahora le corresponderá debatir al nuevo Congreso dominado por la bancada de López Obrador. El presidente electo apoya la creación de la Fiscalía, pero quiere que quien la encabece todavía reciba el visto bueno del Ejecutivo. No modificar esa dinámica, como se propone, despierta dudas sobre la verdadera autonomía de una institución que será clave para la impartición de justicia en los próximos años. Otros fiscales aún por definir son el de Anticorrupción y el Electoral.

 

Donald Trump visita los prototipos del muro fronterizo que están siendo desplegados en San Diego, California, el 13 de marzo de 2018. (Reuters)
Donald Trump visita los prototipos del muro fronterizo que están siendo desplegados en San Diego, California, el 13 de marzo de 2018. (Reuters)

 
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